La protección de secretos empresariales con la Ley 1/2019 depende de algo que muchas empresas nunca documentan: la información solo es secreto empresarial si es secreta, tiene valor empresarial por serlo y ha sido objeto de medidas razonables para mantenerla en secreto. Sin esas medidas no hay secreto que defender y, desde que sabe quién se lo llevó, usted dispone de tres años para actuar. Afecta sobre todo a empresas tecnológicas, de IA e industriales con código, modelos, fórmulas o datos de clientes sin patentar.
En resumen
- El artículo 1 de la Ley 1/2019 exige tres condiciones acumulativas; la tercera, las medidas razonables, es la que los titulares menos consiguen probar.
- La ingeniería inversa sobre un producto comercializado lícitamente y el descubrimiento independiente son lícitos (artículo 2): el secreto hay que protegerlo con contratos y prácticas, no darlo por supuesto.
- Las acciones civiles prescriben a los tres años desde que el titular conoce a la persona que cometió la violación (artículo 11).
- Los tribunales españoles pueden declarar confidencial la información y restringir el acceso a documentos y vistas (artículo 15), pero hay que pedirlo.
- Ante el Tribunal Unificado de Patentes (TUP), el Tribunal de Apelación resolvió el 18 de marzo de 2026 que la información entregada a la contraparte sin orden de confidencialidad perdió su protección.
¿Qué es un secreto empresarial según la Ley 1/2019?
La Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (BOE de 21 de febrero de 2019, en vigor desde el 13 de marzo de 2019) incorporó al Derecho español la Directiva europea sobre secretos comerciales. Su artículo 1 protege cualquier información o conocimiento, tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna tres condiciones:
- Ser secreto: no ser generalmente conocido ni fácilmente accesible para las personas de los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información.
- Tener un valor empresarial, real o potencial, precisamente por ser secreto.
- Haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.
En la práctica pesan dos límites. El artículo 1.3 impide que la protección sirva para limitar el uso por los trabajadores de la experiencia y las competencias adquiridas honestamente durante su carrera. Y el artículo 2 considera lícitos el descubrimiento independiente y la observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto puesto a disposición del público, salvo que una obligación válida lo impida.
¿Qué son «medidas razonables»? Lista práctica
La ley no las enumera: se valora si el titular actuó como quien quiere mantener la información en secreto, en proporción a su valor. Además, el artículo 9.3 obliga al juez a tener en cuenta «las medidas adoptadas para su protección» al decidir las medidas que concede, de modo que unas medidas débiles pueden pasarle factura incluso si gana. Convence la prueba documental y fechada. Esta lista es nuestra recomendación, no un catálogo legal:
| Ámbito | Medida | Rastro que deja |
|---|---|---|
| Inventario | Identificar qué información es secreta y quién la custodia (repositorios de código, pesos de modelos, conjuntos de datos de entrenamiento, fórmulas, condiciones con proveedores) | Un registro fechado y revisado al menos una vez al año |
| Marcado | Señalar documentos y carpetas como confidenciales, con una política breve que explique la etiqueta | Archivos marcados y la propia política |
| Control de acceso | Permisos según necesidad, autenticación robusta y registro de descargas y exportaciones | Listas de acceso y registros de los sistemas |
| Plantilla | Cláusulas de confidencialidad, formación y una política escrita sobre el uso de herramientas de IA generativa | Contratos firmados y registros de formación |
| Terceros | Acuerdos de confidencialidad (NDA) antes de compartir, con limitación de finalidad y obligación de devolver o destruir | NDA firmados y registro de lo entregado |
| Salidas | Entrevista de salida, devolución de equipos, revocación de accesos y recordatorio de los deberes que subsisten | Lista de salida firmada |
| Litigios y auditorías | No aportar nada a tribunales, autoridades o contrapartes sin pedir antes confidencialidad u obtener una orden | Solicitudes y resoluciones archivadas |
La última fila es la que más se olvida, como muestra el caso del TUP.
¿Qué puede reclamar si le sustraen un secreto empresarial?
El artículo 3 define la violación: el acceso, apropiación o copia no autorizados de documentos o ficheros que contengan el secreto, cualquier otra conducta contraria a las prácticas comerciales leales y la utilización o revelación incumpliendo un acuerdo de confidencialidad. También lo es producir o vender «mercancías infractoras» que se benefician de manera significativa del secreto.
El artículo 9 permite pedir la declaración de la violación, la cesación, la prohibición y retirada de mercancías infractoras, la entrega de los soportes que contengan el secreto, la indemnización y la publicación de la sentencia. Según el artículo 10, la indemnización puede reflejar el lucro cesante, el enriquecimiento injusto del infractor y el daño moral, o fijarse a tanto alzado sobre la base de una licencia hipotética.
En lo procesal, es competente el Juzgado de lo Mercantil del domicilio del demandado o, a elección del demandante, el del lugar de la infracción o de sus efectos (artículo 14). Antes de demandar puede solicitar diligencias de comprobación de hechos (artículo 17), acceso a fuentes de prueba (artículo 18), aseguramiento de la prueba (artículo 19) y medidas cautelares como el cese de la utilización o revelación, la retención de mercancías o el embargo preventivo (artículo 21). Desde el 3 de abril de 2025, la demanda principal exige además un intento previo de negociación conforme a la Ley Orgánica 1/2025, aunque no las medidas cautelares previas a la demanda.
El Código Penal castiga con prisión de dos a cuatro años a quien se apodera de datos o documentos para descubrir un secreto de empresa, y de tres a cinco años si lo difunde (artículo 278), y con dos a cuatro años la revelación por quien tenía obligación de reserva (artículo 279). Según el artículo 287, estos delitos requieren por regla general denuncia de la persona agraviada.
La trampa de confidencialidad del TUP: lo aportado se pierde
España no participa en el TUP, pero sus empresas litigan allí cuando sus productos llegan a los Estados participantes. En EOFlow c. Insulet (UPC_CoA_930/2025), el Tribunal de Apelación desestimó el 18 de marzo de 2026 un recurso contra una orden de la División Central de Milán. EOFlow había sido condenada a informar sobre el alcance de sus actos infractores y aportó contratos, facturas, volumen de negocio y precios, pidiendo solo que el público no accediera al expediente conforme a la regla 262.2 del Reglamento de Procedimiento (RoP).
Como resumió Hoffmann Eitle el 29 de abril de 2026, el tribunal distinguió entre la regla 262.2 (restringir el acceso del público) y la regla 262A (restringir el acceso y el uso por la otra parte), y negó que exista una limitación implícita que confine la información al litigio. Lo entregado a Insulet sin orden de la regla 262A, acuerdo o compromiso dejó de ser secreto empresarial (véase también el resumen de Osborne Clarke). La lección va más allá del TUP: en cualquier procedimiento, pida la protección antes de aportar.
Qué significa para su empresa
- Identifique sus secretos y decida qué conviene patentar y qué mantener en secreto.
- Documente las medidas de la lista, sobre todo para código, modelos y datos que pasan entre equipos y proveedores.
- Alinee los contratos en todo el corredor: NDA, contratos laborales y con proveedores deben funcionar en España y en los países de Latinoamérica y África donde comparte información.
- Prepare un plan de respuesta: quién conserva la prueba y qué medidas judiciales pedir en los primeros días.
- Incluya las solicitudes de confidencialidad en todo plan procesal, también ante el TUP, en arbitrajes y ante reguladores.
Si necesita revisar estas medidas o preparar una acción por violación de secretos, nuestro equipo de protección de secretos empresariales y litigios de PI puede auditar la prueba y planificar la estrategia. Cuando los secretos están en modelos de IA o datos de entrenamiento, colabora nuestro servicio de IA y activos digitales, y dentro del mismo grupo META Channel cubre la parte de Reglamento de IA y RGPD.
Dónde se suelen equivocar las empresas
- No poder probar las medidas. Las políticas existen en teoría, pero nada fechado demuestra quién tenía acceso ni qué estaba marcado.
- Dejar correr el plazo mientras se alarga la investigación interna.
- Restricciones excesivas a la plantilla. Las cláusulas que pretenden impedir el uso de competencias generales chocan con el artículo 1.3 y debilitan todo el contrato.
- Aportar documentos en un litigio sin orden. Pedir solo la restricción del acceso público puede hacer perder la protección, como le ocurrió a EOFlow.
- Asesores descoordinados: si cada firma lleva una parte, nadie mantiene un registro único de medidas.
Preguntas frecuentes
¿Qué plazo tengo para demandar por violación de secretos empresariales en España?
El artículo 11 de la Ley 1/2019 fija un plazo de prescripción de tres años desde que el titular tuvo conocimiento de la persona que cometió la violación, interrumpible por las causas generales del Código Civil. Desde abril de 2025, la solicitud de negociación conforme a la Ley Orgánica 1/2025 también interrumpe la prescripción, algo útil cuando necesita tiempo para preparar la demanda.
¿Tengo que registrar un secreto empresarial?
No. No existe un registro de secretos empresariales. La protección nace cuando se cumplen las tres condiciones del artículo 1, y por eso es tan importante poder probar las medidas razonables. Un depósito notarial o un sellado de tiempo ayuda a acreditar qué tenía y cuándo, pero no sustituye a las medidas de confidencialidad.
¿Puede un antiguo empleado utilizar lo que aprendió en mi empresa?
Puede utilizar la experiencia y las competencias generales adquiridas honestamente durante su carrera, que el artículo 1.3 protege. No puede llevarse, utilizar ni revelar información concreta que sea secreto empresarial, como código fuente, listados de clientes con precios o expedientes técnicos. Unos contratos claros y un buen protocolo de salida facilitan probar esa frontera ante el juez.
¿Puede IP Global Guard llevar un conflicto sobre secretos empresariales?
Sí. Auditamos sus medidas razonables, preparamos la prueba, coordinamos las diligencias previas y las medidas cautelares ante los tribunales españoles y gestionamos las solicitudes de confidencialidad en cualquier procedimiento relacionado. Si el conflicto se extiende a Latinoamérica o África, coordinamos corresponsales locales cualificados para que usted mantenga una sola estrategia y un único interlocutor.
Cómo le ayuda IP Global Guard a proteger su know-how
Un secreto empresarial se gana o se pierde antes de la demanda: en el registro, los contratos y las solicitudes de confidencialidad hechas a tiempo. IP Global Guard, línea de propiedad industrial e intelectual de META Channel Corporation Limited, gestiona auditorías, licencias y litigios con una sola estrategia y una única relación de facturación en más de 25 jurisdicciones; consulte nuestra cobertura en Europa, Latinoamérica y África.
Indíquenos qué información necesita proteger y por dónde circula, o cuéntenos los hechos de una posible fuga. Revisaremos sus medidas a la luz de la Ley 1/2019 y le propondremos los siguientes pasos. Contacte con nuestro equipo para revisar la protección de sus secretos.
Este artículo es información general y no constituye asesoramiento jurídico ni sustituye el análisis de su caso concreto.
Fuentes
- BOE, Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (publicada el 21 de febrero de 2019)
- BOE, Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (en vigor el 3 de abril de 2025)
- BOE, Código Penal, Ley Orgánica 10/1995 (texto consolidado), artículos 278 a 280 y 287
- Hoffmann Eitle, UPC case review: EOFlow v Insulet, UPC_CoA_930/2025 (29 de abril de 2026)
- Osborne Clarke, UPC decisions: EOFlow v Insulet, orden del Tribunal de Apelación de 18 de marzo de 2026
