La protecci\u00f3n de secretos industriales en Latinoam\u00e9rica descansa en tres reg\u00edmenes distintos: la Ley Federal de Protecci\u00f3n a la Propiedad Industrial (LFPPI) de M\u00e9xico, la Decisi\u00f3n 486 de la Comunidad Andina para Bolivia, Colombia, Ecuador y Per\u00fa, y la Ley de Propiedad Industrial de Brasil, que trata el uso indebido de informaci\u00f3n confidencial sobre todo como competencia desleal y como delito. Los tres protegen el know-how sin registro, pero solo si usted puede probar que lo mantuvo en secreto. Esta gu\u00eda se dirige a empresas europeas de tecnolog\u00eda, IA e industria que se implantan en la regi\u00f3n.<\/p>\n
Quien aplica la Directiva (UE) 2016\/943<\/a> conoce el triple requisito: informaci\u00f3n secreta, con valor comercial por ser secreta y objeto de medidas razonables para mantenerla en secreto. Las leyes latinoamericanas comparten la idea, que procede del Acuerdo ADPIC de la OMC, pero difieren en el requisito de medidas, en la autoridad competente y en el peso del derecho penal. Trasladar su pol\u00edtica de confidencialidad europea a una filial mexicana, colombiana o brasile\u00f1a es un punto de partida, no una estrategia.<\/p>\n La LFPPI<\/a>, publicada en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n (DOF) el 1 de julio de 2020 y reformada por \u00faltima vez el 3 de abril de 2026, regula el secreto industrial en sus art\u00edculos 163 a 169. El art\u00edculo 163 lo define como la informaci\u00f3n de aplicaci\u00f3n industrial o comercial que guarda con car\u00e1cter confidencial quien ejerce su control legal, que le da una ventaja competitiva o econ\u00f3mica y respecto de la cual ha adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido. Queda fuera la informaci\u00f3n de dominio p\u00fablico, generalmente conocida o de f\u00e1cil acceso en los c\u00edrculos donde se utiliza.<\/p>\n Cuando se mueve personal importan tres preceptos:<\/p>\n La defensa tiene tres v\u00edas. La apropiaci\u00f3n indebida es infracci\u00f3n administrativa (art\u00edculo 386, XIV) que el IMPI puede sancionar con multas de hasta 250.000 UMA (unidades de medida y actualizaci\u00f3n) por conducta, multas diarias y clausura (art\u00edculo 388); durante el procedimiento puede acordar medidas provisionales, como el cese de actos o la retirada de contenidos en l\u00ednea (art\u00edculo 344). Las controversias civiles y penales corresponden a los tribunales federales (art\u00edculo 407). Divulgar, apoderarse o usar un secreto para obtener un beneficio o causar un perjuicio es delito seg\u00fan el art\u00edculo 402, fracciones III a VI, con prisi\u00f3n de dos a seis a\u00f1os, y solo se persigue por querella de la parte ofendida. El art\u00edculo 169 obliga a la autoridad a proteger el secreto durante el procedimiento.<\/p>\n Bolivia, Colombia, Ecuador y Per\u00fa, miembros de la Comunidad Andina (CAN)<\/a>, comparten un r\u00e9gimen com\u00fan de propiedad industrial, la Decisi\u00f3n 486, de 14 de septiembre de 2000<\/a>. Su art\u00edculo 260 protege la informaci\u00f3n no divulgada que sea secreta, tenga valor comercial por serlo y haya sido objeto de medidas razonables de su leg\u00edtimo poseedor para mantenerla secreta. El art\u00edculo 262 enumera los actos desleales: explotar un secreto conocido bajo una obligaci\u00f3n de reserva contractual o laboral, divulgarlo para obtener provecho o perjudicar, adquirirlo por medios il\u00edcitos y explotarlo sabiendo que procede de esa adquisici\u00f3n.<\/p>\n El art\u00edculo 265 recoge, como en M\u00e9xico, el deber de trabajadores y socios comerciales, y el art\u00edculo 268 fija dos a\u00f1os de prescripci\u00f3n desde el \u00faltimo acto desleal, salvo que la norma interna disponga otra cosa. Qui\u00e9n conoce del asunto depende de cada pa\u00eds. En Colombia, por ejemplo, la Ley 256 de 1996<\/a> (art\u00edculo 16) califica de desleal la violaci\u00f3n de secretos, y el C\u00f3digo General del Proceso atribuye a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) funciones jurisdiccionales en competencia desleal (Ley 1564 de 2012<\/a>, art\u00edculo 24). La ley colombiana fija sus propios plazos: dos a\u00f1os desde que se conoce al infractor y tres desde el acto.<\/p>\n Brasil no tiene una ley espec\u00edfica de secretos empresariales. La Ley 9.279\/1996<\/a> tipifica como delito de competencia desleal divulgar, explotar o utilizar sin autorizaci\u00f3n conocimientos, informaciones o datos confidenciales utilizables en la industria, el comercio o los servicios, conocidos mediante una relaci\u00f3n contractual o laboral, incluso despu\u00e9s de terminado el contrato (art\u00edculo 195, XI), u obtenidos por medios il\u00edcitos o fraude (XII). Se excluye lo que sea de conocimiento p\u00fablico o evidente para un t\u00e9cnico. La pena es de tres meses a un a\u00f1o de detenci\u00f3n o multa, y la acci\u00f3n exige querella privada (art\u00edculo 199). Tambi\u00e9n responden el empleador, el socio o el administrador (art\u00edculo 195, \u00a71).<\/p>\n La v\u00eda civil es el art\u00edculo 209, que preserva el derecho a la indemnizaci\u00f3n por competencia desleal y permite al juez ordenar el cese de la infracci\u00f3n antes de citar al demandado, con cauci\u00f3n si lo estima necesario. En el plano laboral, la violaci\u00f3n del secreto de la empresa es justa causa de despido seg\u00fan el art\u00edculo 482, g) de la Consolidaci\u00f3n de las Leyes del Trabajo (CLT)<\/a>.<\/p>\nM\u00e9xico: el secreto industrial en la LFPPI<\/h2>\n
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La Comunidad Andina: Decisi\u00f3n 486<\/h2>\n
Brasil: competencia desleal y derecho penal<\/h2>\n
Comparativa<\/h2>\n